En el 2016 ya se había retractado ante varias demandas, sin embargo a partir del miércoles 17 de julio de 2019, el gobierno comenzó a interceptar todo el tráfico de Internet de HTTPS dentro de sus fronteras.
Los proveedores locales de servicios de Internet (ISP) han recibido instrucciones del gobierno local para obligar a sus respectivos usuarios a instalar un certificado emitido por el gobierno en todos los dispositivos y en todos los navegadores.
El certificado, una vez instalado, permitirá a las agencias del gobierno local descifrar el tráfico HTTPS de los usuarios, ver su contenido, cifrarlo nuevamente con su certificado y enviarlo a su destino.
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Vía @zdnet